Por: Juan Alejandro Tapia

¿Qué tienen en común la modelo, bailarina e influenciadora Andrea Valdiri, el intendente de la Policía Leonardo Molinares y el rector de la Universidad del Atlántico, Carlos Prasca? Hasta hace unas semanas, prácticamente nada. Pero, debido a la violación premeditada de su intimidad por parte de terceros, replicada por algunos medios de comunicación, ahora comparten el hecho de que su vida privada se encuentre en boca de todos.

Los tres casos se han convertido en la comidilla de los barranquilleros, en especial de los usuarios de las redes sociales, por su relación con un tema que -quién lo creyera- sigue siendo tabú: el sexo. A Prasca, a quien no han podido comprobarle malos manejos durante su administración, es posible que termine por sacarlo de la rectoría su supuesta preferencia por el coito anal con mujeres mucho más jóvenes que él; al policía de la división de Tránsito ya le abrieron una investigación interna por encerrarse en un motel con su amante y permitir que esta, en un espacio cerrado, usara su chaqueta y mancillara con su desnudez la honra de la institución; y a la modelo, que por su popularidad creciente despierta odios y pasiones en cantidades semejantes, la critican por permitir que su pareja (hoy ex) la fotografiara mientras hacían el amor.

En los tres casos hay teléfonos celulares de por medio, esos aparatos de los que se puede extraer, con relativa facilidad, un resumen de las hazañas y bajezas de todos los seres humanos, como un diario que escribimos sin darnos cuenta. A Prasca, al parecer, se lo ‘hackearon’; al intendente, todo indica, se lo huzmeó un familiar cercano, y a la influenciadora, según su versión, la traicionó su ex, que tenía las imágenes en la memoria del aparato. Tres hechos muy distintos, pero con un común denomindor: la violación de la intimidad. Sin embargo, por su origen diverso y el papel desempeñado por la prensa para transformarlos en noticia, ameritan análisis separados.

Lo primero que cabe preguntarse es si todo lo que se viraliza en las redes sociales adquiere automáticamente la connotación de noticia. Que un policía tenga una amante y le tome fotos con su celular en una habitación, vestida con su uniforme, no constituye un delito, a lo sumo una falta disciplinaria. No es lo mismo que esa mujer salga a la calle con la chaqueta fluorescente del Tránsito a que se la ponga dentro de cuatro paredes para posarle a su compañero de cama. Nadie, se suponía, debía ver las imágenes. ¿Quiso el intendente subirlas a las redes y hacerlas de dominio público? No. Fue víctima de una violación de su intimidad así su comportamiento no se ajuste a la moral y las buenas costumbres de quien (o quienes) buscaban hacerle daño o vengarse. Él y su amante no son más que víctimas, y los medios de comunicación los revictimizan al darle categoría de hecho noticioso a un tema privado.

Los que trabajamos en la prensa conocemos a la perfección cómo funciona la dinámica de las noticias. Muchas veces la reacción de las autoridades se presenta como respuesta a la publicación de una información y no al revés, por lo que el anuncio de la indagación preliminar al policía no justifica la intromisión en su intimidad por parte de los medios, cuya función, en casos como este, debe ser la de catalizar lo que aparece en las redes en vez de dejar las compuertas abiertas.

Las redes fueron también el escenario para divulgar una fotografía de la modelo Andrea Valdiri teniendo sexo con su exnovio, el futbolista Michael Ortega, ambos figuras públicas y quienes utilizaron las mismas herramientas digitales para difundir sus respectivas versiones sobre el hecho, es decir, legitimaron la intervención de la prensa y trasladaron un tema personal a los medios. Sin embargo, lo cuestionable aquí, no hay que olvidarlo, es el presunto abuso de confianza, no la práctica de tomarse fotos desnudo durante el acto sexual o de enviarle imágenes explícitas a la pareja. El sexting, nombre que recibe esta tendencia, es tan respetable como la pornografía, las líneas ‘calientes’ o cualquier gusto no convencional, siempre que no involucre a menores de edad o configure un delito.

El escándalo que sacude al rector Carlos Prasca, por la posibilidad de que se valiera de su posición para acosar estudiantes a su cargo, es más complejo. El funcionario asegura que su teléfono fue intervenido y que las conversaciones con una joven a la que solicita favores sexuales, filtradas por la prensa, son falsas. De comprobarse lo contrario, no haría falta establecer si se tipificó el acoso, la sola constatación de que la mujer con la que sostuvo la charla por la aplicación de mensajería está matriculada en la Universidad del Atlántico debería bastar para declararlo éticamente impedido y sacarlo, así esta se dedique a la prostitución o haya actuado sin ninguna presión. Lo mismo que de no pertenecer a ese claustro no habría lugar a acusación ni repudio social por sus preferencias. Pero, mientras alguna de estas opciones es validada por las autoridades, su reputación es la primera afectada en una sociedad hipócrita y mojigata.

¿Actuaron algunos medios en forma apresurada al publicar con pelos y señales los supuestos chats subidos de tono del rector o las fotos de la amante del policía luciendo la chaqueta de este? No existe un manual para clasificar las noticias ni un protocolo de cubrimiento grabado en mármol, cada una tiene sus retos y particularidades, pero el respeto por la intimidad de los ciudadanos no puede valorarse con la ligereza de una red social.

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